La provincia canadiense de Columbia Británica demandó a OpenAI y a su CEO, Sam Altman, en una corte federal de Estados Unidos, según informó Forbes el 22 de septiembre. La presentación se hizo el lunes en el distrito federal de San Francisco.
Qué alega la demanda
Según el relato de la cobertura, el escrito sostiene que OpenAI no notificó a las autoridades el contenido de las conversaciones del atacante en ChatGPT, pese a que su sistema automático de monitoreo había marcado la cuenta para revisión humana en junio de 2025. El equipo de revisión —el que se ocupa de los "usuarios que podrían estar planeando cometer actos de violencia"— habría recomendado derivar el caso a la Real Policía Montada de Canadá, según la demanda.
El tiroteo ocurrió en febrero, dejó ocho muertos y es uno de los más graves de la historia reciente de Canadá. La provincia actúa como demandante en un caso que apunta a la responsabilidad de una empresa de IA por no actuar sobre una señal que su propio sistema generó.
Por qué importa más allá del caso
El expediente toca el punto que la industria prefiere mantener fuera de la discusión regulatoria: qué obligaciones de aviso tiene un laboratorio cuando su sistema detecta riesgo de violencia. Los términos de uso y las políticas internas de las empresas describen esos procedimientos, pero no existe hoy una norma que fije cuándo el aviso a una fuerza de seguridad es obligatorio, ni con qué plazo, ni con qué estándar de prueba.
La demanda se suma a un mes de presión legal sobre el sector. La semana pasada se conoció una acción antimonopolio que acusa a Anthropic, OpenAI, Google y SpaceXAI de coordinar el ritmo de desarrollo, y el Tesoro estadounidense cuestionó públicamente la idea de un escudo legal para la industria, al señalar que el incidente de agentes que atacaron los sistemas de Hugging Face es responsabilidad de la gestión de la compañía y no de los modelos.
Lo verificado hasta ahora es la presentación y los hechos que describe el escrito, que son alegaciones: una demanda no es una condena y OpenAI no se pronunció públicamente sobre el fondo. Lo que sí cambia es el terreno: la discusión sobre seguridad en IA dejó de ser un debate entre expertos y empezó a resolverse en tribunales, con las conversaciones de un usuario y las decisiones de un equipo de revisión como prueba.




