En una columna publicada el 19 de septiembre por Bloomberg Opinion y reproducida por medios locales como el Hawaii Tribune-Herald, Mark Gongloff plantea una inversión del debate: mientras la industria discute si la inteligencia artificial podría matar a la humanidad en una década, el daño ambiental ya está en curso y no necesita esperar.
Hecho: la columna cita un análisis del Financial Times según el cual los 60 centros de datos más grandes en construcción en Estados Unidos en agosto podrían producir 101,5 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente por año, comparable a sumar 24 millones de autos a las calles. Y señala que la Agencia de Protección Ambiental estadounidense avanzó en reglas que habilitan más emisiones en nombre de "posicionar a Estados Unidos como líder global en IA".
Hecho: cita también un informe de la Environmental Protection Network —una organización de ex científicos de la EPA— que identificó más de 30 acciones de la agencia que flexibilizaron regulaciones para que los centros de datos puedan producir más hollín, mercurio, smog, residuos tóxicos y ceniza de carbón. La estimación de ese informe es un costo sanitario de unos 21.000 millones de dólares anuales.
Hecho: el inventario de incidentes incluye un derrame de diésel de un centro de datos de Equinix en Nueva Jersey sobre un arroyo que alimenta el río Hackensack, y el hallazgo reportado por Mother Jones de bacterias resistentes a los antibióticos en cloacas de Cheyenne, Wyoming, vinculadas a la construcción de un centro de datos de Meta. La columna menciona además el uso intensivo de sustancias perfluoroalquiladas —los "químicos eternos"— en refrigeración y sistemas de extinción de incendios.
Opinión: la conclusión del autor es que la discusión sobre el riesgo existencial funciona como cortina de humo. "La IA podrá destruir a la humanidad en una década o no, pero no hay necesidad de darle ventaja", escribe, y pide que los centros de datos queden sujetos a una exigencia de "no dañar", con verificación de que no van a deteriorar el ambiente ni trasladar costos a los usuarios residenciales.
Alcance regional
El argumento trasciende a Estados Unidos: la pregunta sobre quién paga la energía, el agua y la infraestructura no es exclusiva de ese país y reaparece cada vez que se anuncia un centro de datos en América Latina. La columna es una pieza de opinión, con la carga de un autor que declara una posición ambientalista, pero los datos que usa provienen de análisis e informes citados y verificables.




