El 1 de octubre, Paul M. Nakasone publicó en The Washington Post una columna titulada «Cómo mantener abierta la ventana de los defensores en ciberseguridad». El subtítulo resume su argumento: los laboratorios de IA deberían asociarse con el gobierno para proteger infraestructura crítica. Hecho: Nakasone dirigió la Agencia de Seguridad Nacional y el Comando Cibernético de Estados Unidos; hoy encabeza el Instituto de Seguridad Nacional de Vanderbilt y es miembro de la junta de OpenAI.
El autor parte de amenazas conocidas —interferencia electoral, ransomware, ataques a la cadena de suministro y vulnerabilidades de día cero— y afirma que la inteligencia artificial agrega riesgos cibernéticos. Su propuesta se presenta como una coordinación entre capacidades privadas y responsabilidad pública, pero el texto consultado no especifica un régimen obligatorio, un protocolo de intercambio de datos ni un mecanismo independiente para auditar acuerdos. Por eso conviene tratarlo como una posición de política, no como una recomendación oficial de la NSA o del gobierno.
El vínculo de Nakasone con OpenAI también debe quedar a la vista. El propio Washington Post declara que mantiene un acuerdo de contenido con la empresa. Eso no invalida el argumento, pero es parte del contexto para evaluar una columna que pide cooperación entre el Estado y las compañías que construyen modelos. La experiencia del autor en seguridad nacional aporta una perspectiva particular; no convierte sus recomendaciones en una evaluación técnica de los productos de OpenAI.
Un debate con evidencia reciente
Google anunció que Gemini 4 Argon se ofrecerá primero a un grupo de defensores cibernéticos dentro del programa Fairwind y dijo que fortalecerá las salvaguardas antes de abrir el modelo a un público más amplio. La cobertura de AFP publicada por The Guardian confirmó ese acceso limitado y reportó preocupaciones sobre el posible uso de capacidades avanzadas contra hospitales, bancos y sistemas gubernamentales. La decisión de acceso por etapas es un hecho; la efectividad de sus controles todavía requiere evaluación.
Hay, además, mediciones independientes de capacidades de modelos abiertos. NIST CAISI informó que GLM-5.3 era el modelo de pesos abiertos con mayor capacidad cibernética entre los que había evaluado, aunque quedaba cerca de cuatro meses detrás de la frontera estadounidense en un índice agregado. El organismo describe pruebas de vulnerabilidad y desarrollo de exploits; no reporta ataques reales derivados de esa evaluación.
Opinión: el planteo de Nakasone señala una tensión importante: los mismos avances que pueden asistir a defensores también pueden ampliar riesgos si se conectan a sistemas críticos sin controles suficientes. La coordinación público-privada puede acelerar la respuesta ante vulnerabilidades, pero solo será confiable si existen criterios transparentes, supervisión ajena a las empresas y rendición de cuentas ante fallas.
El punto pendiente es cómo convertir la cooperación en obligaciones verificables: qué pruebas se exigen antes del despliegue, quién recibe los informes, qué incidentes deben notificarse y qué ocurre cuando los resguardos fallan. Sin esas respuestas, una alianza puede facilitar intercambios útiles, pero no reemplaza reglas ni auditorías independientes. La columna abre esa discusión; no resuelve por sí sola el equilibrio entre seguridad, innovación y control democrático.




